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Con la mano dura rumbo a las elecciones: El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad

Luego de plantear la creación de un “Ejército de reserva” formado por civiles y confirmar que se comprarán las cuestionadas pistolas eléctricas Taser para las fuerzas federales, el Gobierno dejó trascender que enviará un proyecto de ley para bajar a 15 años la edad de imputabilidad. Críticas desde la oposición.

Envuelto en una crisis económica que no da tregua, el Gobierno parece apuntar sus dardos electorales a una agenda a la Bolsonaro: seguridad y mano dura. Luego de dejar trascender durante la semana que crearía un Ejército de reserva conformado por civiles y tras anunciar que buscará avanzar con la compra de 300 de las cuestionadas pistolas eléctricas Taser, ahora Cambiemos dejó saber que piensa enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad.

Según publicó el diario Clarín, el Poder Ejecutivo enviaría la iniciativa en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias. Se propondría que la edad de imputabilidad baje de los actuales 16 a los 15 años y que la pena de prisión máxima para adolescentes de entre 15 y 18 sea de 15 años.

El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en acuerdos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral llevó a postergar el debate.

La iniciativa contemplaría un criterio de escalas por edad: A los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos multidisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares, confirmó que el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura del oficialismo, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente. «El proyecto que ya estaba terminado hace varios meses ha ido evolucionando y generando nuevos consensos. El proyecto original proponía un concepto mas duro», reconoció el funcionario en diálogo con el canal TN.

A través de su cuenta en Twitter, el diputado nacional de la UCR-Cambiemos Luis Petri celebró la decisión del Gobierno de bajar a 15 la edad de imputabilidad. «La edad de imputabilidad debe fijarse desde el momento en que la persona tiene capacidad para comprender la criminalidad del hecho que comete, de lo contrario olvidamos a las victimas y su necesidad de tener Justicia», consideró el mendocino.

Distinta fue la reacción de parte de la oposición. El jefe de la bancada de diputados nacionales del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, se manifestó por Twitter y calificó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien sindica como principal artífice del proyecto, como «bruta, fascista e ignorante».

«No sorprende que Patricia Bullrich pretenda construir un discurso y perfil similar al de Jair Bolsonaro. Es bruta, fascista e ignorante. Las principales cualidades ya las posee», despotricó el diputado de Red por Argentina. «Según la UCA y UNICEF, el 51,7% de los menores de 17 años son pobres, el 40, 2% nunca leyeron un libro, el 22% comparte el colchón para dormir y el 17% nunca festejó su cumpleaños. ¿La única respuesta que propone Macri y Bullrich es mandarlos a la cárcel?», completó Grosso.

Desde la izquierda, el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano también salió contra la iniciativa del Poder Ejecutivo, que según dijo, busca «reforzar la represión» como respuesta a la «crisis» económica. «Después del nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y la compra de pistolas Taser, ahora el gobierno vuelve con la baja de la edad de imputabilidad. Los gobiernos en crisis refuerzan la represión», aseguró el diputado del Frente de Izquierda.

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