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La hora de respetar la Constitución

La libertad domiciliaria bajo vigilancia electrónica ha sido impuesta a los imputados del CONTRATOGATE la investigación del Ministerio Público Fiscal tendiente a verificar la cantidad de dinero desviado de la legislatura entrerriana, quienes fueron los ejecutores de la maniobra y donde se invirtió esa suma astronómica de dinero para tratar de recuperarla para el damnificado que resulta ser el propio Estado.

Hasta aquí estamos todos de acuerdo y con deseos de que la investigación llegue “hasta el hueso” y no se detenga, en lo que dudábamos era en los métodos utilizados para llegar a la verdad y la violación de los derechos constitucionales y supranacionales de los imputados quienes recibían un adelanto de pena pese al principio constitucional de inocencia.

Ocurre, que los actualmente imputados podrían resultar inocentes después de ser sometidos a un juicio y este “adelanto de pena” dispararía una ola de juicios contra el Estado por violación de los derechos constitucionales más básicos.

Tuvieron que llegar los defensores hasta el máximo tribunal de justicia de la Provincia, la Sala Penal del STJ, quien con voto dividido, reenvió las actuaciones a un juez para que cumplimente con el ordenamiento legal del cual la Provincia es parte por imperio de su propia constitución.

De tal suerte, todos los imputados salieron en libertad vigilada electrónica y esperarán en esta situación que los fiscales eleven la causa a juicio, salvo que la apelación de la medida del juez actuante, implementada por los fiscales, obtenga éxito y se revierta, lo que parece una “misión imposible”.

A partir de esa medida, una gran parte de la prensa paranaense ha opinado en contra de la misma y escrito sobre lo que consideran un “arreglo” de cúpulas de Poder sin detenerse a analizar si se justifica la prisión preventiva de gran cantidad de personas mientras se investiga la causa de corrupción más grande -no solo por la cantidad de imputados- sino también por la cantidad de dinero en juego.

Opinamos lo contrario, justificamos la prisión preventiva de dos o tres días hasta obtener las declaraciones de las personas que fueron “contratadas” con sueldos astrónomicos y recibían migajas para aparentar una situación que no tenían, no habían cumplido ningún trabajo y “firmaron” un contrato por muchos miles de pesos que quedaba por el camino, recibiendo algunas migajas.

Luego, no se justifica el encarcelamiento con prisión preventiva en la cárcel pública y, además, compartiendo celda con penados, algo que obviamente está prohibido por las normas y si se permite la violación de las leyes por parte de quienes deben aplicarlas, ya no existiría justicia, ni confianza en los ciudadanos de obtenerla en los estrados judiciales lo que podría llevarnos a un estado de intolerancia con las leyes y con quienes las deben aplicar.

Que esto nos va a llevar a un verdadero festival de pedidos en igual sentido, es cierto y esta bien que así sea. Se dice que en las cárceles de la provincia, superpobladas de penados y un millar de personas con prisión preventiva, no cabe ni un alfiler y semanalmente deberían ingresar decenas de personas que van a engrosar las ya atestadas celdas aumentando día a día la sobre población carcelaria.

En ese punto, va a ser beneficioso para el sistema carcelario provincial, una reducción drástica de la cantidad de alojados, lo que permitiría atender mejor a los que queden. En tanto, los que tienen prisión preventiva en la cárcel, pueden pasar a cumplirla con tobillera electrónica en su casa.

Se debería dejar afuera de tal beneficio, amparado por la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos, a los violadores o asesinos seriales, el resto es mejor que cumpla la prisión preventiva en su propia casa, liberando al Estado de atenderlos y cumpliendo con los preceptos constitucionales de inocencia hasta que un juicio demuestre lo contrario,

Se podrá opinar distinto pero iría en contra de la Constitución y la Ley Madre, existe para cumplirla no para adornar los anaqueles de los abogados y son fiscales y jueces los que primero deben cumplir con los dictados de la Constitución para exigir su cumplimiento por el resto de los administrados, por eso -dentro del pandemonium que ha originado- esta causa es finalmente auspicioso que la Sala Penal del STJ haya puesto blanco sobre negro y decidido conforme a los principios constitucionales. En buena hora.

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