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Ley Micaela: Diputados aprobó la formación en perspectiva de género para funcionarios públicos

La presión social obligó al Gobierno a incluir en una segunda ampliación del temario de las sesiones extraordinarias en la Cámara baja el proyecto inspirado en Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en Gualeguay el año pasado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley Micaela. La norma establece la formación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios estatales. Hoy lo tratará el Senado.

La diputada Analía Rach (Frente para la Victoria, vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia) explicó: “Este es un proyecto muy trabajado, entre todos los bloques. Lo presentamos en la comisión en abril del año pasado y lo discutimos mucho. Lo fundamental del proyecto es que la formación es obligatoria para todos los funcionarios de todos los niveles de los tres poderes. Y para asegurar el cumplimiento se establecen sanciones a los que se nieguen, sin justificación válida, a la capacitación”.

La necesidad de profesionalizar a los funcionarios estatales en esta materia quedó en evidencia con el fallo del caso de Lucía Pérez, en el que los jueces del TOC 1 de Mar del Plata desestimaron (o justificaron) los abusos que sufrió antes de ser asesinada. “Se considerará falta grave la negativa injustificada a la capacitación y el INAM (Instituto Nacional de Mujeres) está obligado a publicar su nombre. Además debe hacer el seguimiento, monitorear los recursos y evaluar el impacto de la capacitación y publicar estas conclusiones (además del nombre de los infractores) en su informe anual, que es de acceso público.”

“Quiero destacar que después de mucho trabajo, salió de la comisión un único dictamen, que fue consensuado, con todos los bloques de acuerdo”, insistió la legisladora.

La reacción social generada por la campaña “Mirá cómo nos ponemos”, iniciada con la denuncia de la actriz Thelma Fardin, forzó al Gobierno a incorporar en la agenda de sesiones extraordinarias la Ley Micaela. El presidente Mauricio Macri había descartado el tratamiento del tema en el primer llamado a extraordinarias y también cuando amplió el periodo de sesiones. “Lamentablemente no fue por la responsabilidad o el compromiso de la mayoría de los sectores políticos con la meta de erradicar la violencia de género que se incluyó el proyecto, fue por la presión social que acompañó con mucha potencia a la acción valiente de otra joven”, advirtió la diputada Lucía De Ponti, militante del Movimiento Evita al igual que Micaela García, asesinada en abril del año pasado. Rach sostuvo lo dicho por De Ponti: “El proyecto tenía el dictamen consensuado y todo y no se trató en el período ordinario. Hubo que presionar mucho para incorporarlo. La inclusión se la debemos a la presión social de las mujeres. Porque el Gobierno declama su apoyo a la lucha por los derechos de las mujeres pero recorta el presupuesto del INAM, los planes de apoyo a las mujeres… No es cuestión de hablar, es cuestión de políticas públicas concretas”.

El proyecto fue girado al Senado. “No sabemos todavía cuál es el temario, pero esperemos que entre en la discusión y lo aprueben. Con esta ley el Estado argentino cumple uno de los aspectos que establece la convención de Belem do Pará”, manifestó Rach. “Resulta urgente el tratamiento de esta ley porque es obligación del Estado generar políticas y herramientas tendientes a prevenir, capacitar y sensibilizar en la lucha contra los femicidios”.

EL CASO

Micaela García tenía 21 y militaba en el Movimiento Evita de Gualeguay, donde había nacido y vivía. Salió una noche a bailar y ya no volvieron a verla.

Tras siete días de intensa búsqueda, la encontraron muerta. La autopsia determinó que había sido violada.

Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años, quien tenía antecedentes de ataques sexuales y en el momento del hecho estaba libre.

CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE DE LA LEY MICAELA

1. “Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.

2. “La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

3. Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.

4. En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.

5. El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.

6. Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará como una “falta grave”, pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, “sin causa justa”, a participar de las capacitaciones.

Las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley serán elConsejo Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Modernización. La enseñanza será a través de una capacitación obligatoria que se deberá cursar y aprobar anualmente.

Las integrantes del Consejo contarán con cuatro meses para establecer los contenidos curriculares del curso que deberá estar en sintonía con el cumplimiento la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

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