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El Juez Bonadio procesó al empresario Paolo Rocca por las fotocopias de los cuadernos

El procesamiento de Paolo Rocca es por asociación ilícita y cohecho, por el supuesto pago de coimas para que funcionarios intercedieran ante el gobierno de Venezuela por la nacionalización de Sidor. En la misma causa, se dictó la falta de mérito para Marcelo Mindlin.

El hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca, fue ayer procesado por asociación ilícita y cohecho a raíz de los supuestos pagos de su empresa para que el gobierno argentino realizara gestiones ante su par de Venezuela con el objeto de lograr una indemnización por la nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), empresa del grupo Techint. Además, le trabaron embargo por 4 mil millones de pesos.

Los principales ejecutivos de la compañía, Luiz Betnaza y Héctor Zavaleta, ya habían admitido que hicieron los pagos y dijeron que el dinero fue recibido por el ex funcionario Roberto Baratta. Sin embargo, en su declaración, Baratta afirmó que nunca recibió nada y que todo indica que Betnaza y Zavaleta estafaron a su propia empresa. Otro funcionario, Claudio Uberti, que se ocupó de negociar en Venezuela, declaró como arrepentido y dijo que Techint empezó a pagar mucho antes, en 2006, y que él llevó el dinero a la Casa Rosada, algo imposible de comprobar.

El juez Claudio Bonadio no le creyó a Rocca que no estuviera al tanto de la salida de millones de pesos de sus empresas y por eso lo procesó. Distinto fue el criterio con el empresario Marcelo Mindlin, de Pampa Energía. El juez le dictó la falta de mérito porque no hay pruebas de que Mindlin haya pagado alguna coima. El relato del chofer Oscar Centeno es más que dudoso al mencionar una visita al edificio donde funcionaba Pampa.

El procesamiento de Rocca es un golpe fuerte para el empresario ya que su empresa, Techint, está siendo investigada en Italia –país donde nació–, en Brasil y en Estados Unidos por haber pagado coimas. La multinacional argentina juega en las grandes ligas de la fabricación de los tubos sin costura para la industria petrolera y siempre está en la mirada voraz de los competidores norteamericanos y chinos.

La acusación contra Rocca se centra en la negociación con Hugo Chávez por Sidor. La metalúrgica se privatizó y, luego de un feroz conflicto gremial, Chávez resolvió nacionalizarla otra vez. Lo que se discutía era la indemnización que iba a cobrar Techint, que finalmente logró una de las mayores sumas que haya pagado el gobierno venezolano: 1900 millones de dólares. Según los ejecutivos de Techint, para que el gobierno argentino hiciera las gestiones por la indemnización, tuvieron que pagar y por eso hicieron ocho entregas de “paquetes de dinero”, cuyo monto Centeno no pudo precisar. Zavaleta, cuando se acogió a la figura de imputado-colaborador, habló de pagos mensuales de 100 mil dólares, en total unos 800 mil dólares.

Pero luego fue detenido Claudio Uberti, encargado de los corredores viales, pero que tallaba fuerte en Venezuela. Uberti también se acogió a la figura del arrepentido y desmintió a Rocca. Dijo que los pagos empezaron mucho antes de la negociación por Sidor, en 2008. Ya en 2006 él mismo –según declaró– retiró pagos de 100 mil dólares mensuales. Ante el juez dijo que los entregaba en la Casa Rosada, a veces personalmente a Néstor Kirchner.

En su defensa, Rocca dijo que él dirige todo el conglomerado de Techint, que en el mundo tiene 80 mil empleados en 50 países y que por lo tanto no podía estar en el día a día de lo que ocurre en cada filial. El juez no le creyó, sobre todo tratándose de cifras de esa magnitud. Además, el empresario explicó que el dinero habría salido de una compañía que reúne las ganancias, un argumento poco convincente.

El magistrado tomó como evidencia un discurso de Rocca ante la Asociación Empresaria Argentina, este año, en el que explicó detalladamente cómo fue la negociación con Venezuela. En esa charla, justificó el pago y el magistrado lo consideró una evidencia de cómo siguió al milímetro todo lo que pasaba.

Baratta, por su parte, negó en forma terminante haber recibido el dinero. En su defensa, hablando él mismo ante la Cámara Federal, dio a entender que ni Betnaza ni Zavaleta le dieron dinero y que seguramente se trató de una maniobra en la que esos ejecutivos se quedaron con la plata. Por eso le sugirió a Rocca que estudie el blanqueo macrista de 2016, en el que sus ejecutivos entraron con importantes cifras. “Yo no tengo cuentas en el exterior, ellos sí. Yo no entré al blanqueo, ellos sí. ¿Es tan difícil aplicar la justicia en forma clara y transparente?”, se preguntó Baratta ante los camaristas.

Marcelo Mindlin fue el otro empresario importante cuya situación se resolvió ayer. El juez le dictó la falta de mérito porque su nombre no figura en las fotocopias de los cuadernos. La sospecha sobre Mindlin apareció a raíz de que el chofer cuenta que estuvo en las cocheras del edificio de la calle Bouchard donde funcionaba Pampa Energía y dedujo que Baratta subió al piso 26º, oficina de Mindlin. Sin embargo, el empresario negó haber pagado nada y además explicó que las cocheras en las que estuvo Centeno no se corresponden con las que eran de su oficina. En el mismo edificio funcionaba Aerolíneas Argentinas por aquel entonces, de manera que el magistrado quedó en seguir investigando.

La figura de la asociación ilícita, con Cristina Fernández de Kirchner como jefa, y aplicada a la mayoría de los empresarios –ahora a Paolo Rocca– no parece encajar con la realidad. No parece haber ni comunidad entre los integrantes ni jefatura de la ex mandataria sobre Rocca. Todo será evaluado por la Cámara Federal que, según dicen, resolverá en diciembre.

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