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Eliminación de subsidios al transporte de pasajeros

A partir del 1º de enero no habrá más subsidios nacionales a los colectivos urbanos y suburbanos. El Estado nacional pretende cubrir con 6500 millones de pesos los cerca de 53.000 millones que, en menos de dos meses, dejará de enviar a las provincias y municipios para sus redes de colectivos. El boleto que paga el pasajero podría escalar al doble del precio actual.

Educación, Salud, Ciencia y Vivienda aparecen entre las áreas más sensibles que verán recortados sus ingresos según el Presupuesto 2019, y sin embargo existe un sector para el cual se prevé un ajuste aún más fuerte y con un impacto del que resulta difícil dimensionar sus consecuencias, todo sin que prácticamente se haya despertado algún tipo de resistencia. Es que el gobierno de Mauricio Macri decidió que a partir del año que viene serán las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes definirán las compensaciones al transporte automotor de pasajeros, lo que quiere decir que en breve serán estas jurisdicciones las que tendrán que asumir con fondos propios las erogaciones vinculadas a esas decisiones.

En otras palabras: a partir del primero de enero no habrá más subsidios nacionales a los colectivos urbanos y suburbanos, unos subsidios que –vale aclararlo– de 2002 a esta parte vienen sosteniendo cerca de un 50 por ciento del valor de la “tarifa técnica” a través de compensaciones monetarias, por un lado, y de la provisión de gasoil a un precio diferencial por el otro.

Así el panorama, se plantean dos alternativas: o que las provincias y municipios se encarguen de cubrir esa brecha (o al menos parte de ella), o que la diferencia pase directamente a la tarifa, con lo cual el boleto que paga el pasajero podría escalar al doble del precio actual.

NÚMEROS

La gran pregunta es si las jurisdicciones serán capaces de hacer frente a este nuevo gasto, para lo cual resulta ilustrativo advertir de qué números estamos hablando. La ciudad de Córdoba recibe de la Nación una suma anual que entre compensación y cupo de gasoil asciende a 1753 millones de pesos, mientras que por el mismo concepto la de Salta obtiene 1213 millones y Rosario 1587 millones de pesos. Pero aun en localidades algo más pequeñas esas cifras resultan importantes: por casos, cerca de 800 millones van a Mar del Plata, 248 a Resistencia y 134 a Tandil.

En cuanto a los colectivos de la CABA, estos se benefician cada año de unos 4800 millones de pesos del Estado nacional. No por nada en Córdoba y Resistencia ya empezaron a aparecer buses ploteados con una advertencia: “Sin subsidio, pasaje a 40 pesos”.

Claro que, como siempre, existen matices. En primer lugar, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional (esto es, las que atraviesan por lo menos dos distritos) continuarán recibiendo su correspondiente subsidio de la Nación. Entra en ese conjunto un grueso de líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (todas las que van de la Capital al conurbano) y un grupo menor de interprovinciales como las que unen Neuquén con Cipolletti, Corrientes con Resistencia y Viedma con Carmen de Patagones.

Otro dato es que, tras una serie de negociaciones, el gobierno nacional decidió crear un fondo de 6500 millones de pesos anuales para compensar los desequilibrios financieros que pudieran generarse a partir de la quita del subsidio. No obstante, surgen aquí dos limitaciones. La primera es que 5000 de esos 6500 millones se destinarán exclusivamente a subsidiar a aquellas jurisdicciones que hoy no tienen SUBE y, por lo tanto, no tienen tampoco descuentos por atributos sociales (jubilados y pensionados, veteranos de Malvinas, trabajadores domésticos y beneficiarios de la AUH, Asignación por Embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo social y pensiones no contributivas), con la condición de que subsidien a todo el transporte con al menos el 50 por ciento de lo que la Nación les aportó en 2018; en tanto los restantes 1500 se repartirán en forma discrecional.

La segunda y todavía más crucial limitación tiene que ver con la colosal desproporción entre los montos, ya que el Estado nacional pretende cubrir con 6500 millones de pesos los cerca de 53.000 millones que en menos de dos meses estará dejando de enviar a las provincias y municipios para el sostén de sus redes de colectivos.

SUBSIDIOS

“Lo que estamos diciendo es: si las provincias y los municipios son los que tienen la responsabilidad sobre el sistema, si ellos llaman a las licitaciones y definen frecuencias y recorridos, que entonces tengan también la responsabilidad subsidiaria”, señaló en diálogo con Cash Ángeles Maldonado, vocera del Ministerio de Transporte. “El subsidio no desaparece –explicó–, pero ya no es más el Estado nacional el que lo otorga, sino el Estado que tiene la jurisdicción sobre el transporte, sea una provincia o un municipio”.

Maldonado agregó que “la idea es que se mantengan, por lo menos en forma transitoria, los descuentos por atributos sociales”, aunque no pudo precisar a cuánto ascendería el valor del boleto, dado que desde la cartera que conduce Guillermo Dietrich no se encaró una evaluación del impacto de la medida jurisdicción por jurisdicción. “Pero no creemos que las tarifas se vayan a tanto, suponemos que los distritos van a sostener el grado de subsidio al transporte”, señaló, dejando entrever cuál será de ahora en más el eje de la política: cada distrito deberá buscar la solución que considere más viable.

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