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CONTRAGATE: La jueza denegó las apelaciones por las prisiones preventivas de los “recaudadores” del dinero

A las 8:30 de esta mañana la Oficina de Gestión de Audiencias de Paraná había fijado que el Tribunal Unipersonal de segunda instancia en lo Penal, a cargo de la jueza Carolina Castagno, ventilara la apelación de los abogados de las cuatro personas que fueron imputadas como “recaudadores” de dinero mal habido de la mismísima legislatura de la provincia de Entre Ríos y que la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, envió a la cárcel con prisión preventiva por cuatro meses, una medida considerada “excepcional” conforme a los lineamientos del Código Procesal Penal de Entre Ríos, la constitución nacional y los tratados de derechos humanos incorporadas a ésta.

Según escribe el periodista Federico Malvasio de Página Judicial esta mañana “Los abogados de los detenidos cuestionaron en duros términos el proceso. Se quejaron de no tener la información suficiente para realizar sus defensas. También cargaron contra la jueza de Garantías por no tomar sus argumentos e introducir elementos que ni siquiera los fiscales habían utilizado. Se preguntaron por qué no hay funcionarios de la Legislatura en la misma situación de detenidos. Mientras se desarrollaba la audiencia, hubo cuatro allanamientos. Entre ellos a un funcionario de la Cámara de Diputados.

A Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y Gustavo Bilbao les confirmaron las prisiones preventivas por cuatro meses en el marco de la causa de los contratos truchos en la Legislatura y que según estimó la Justicia le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos. Lo decidió la jueza Carolina Castagno, quien condujo la audiencia. Cuando ésta se sucedía, llegó una noticia a la sala: agentes de la Policía estaban llevando adelante cuatro allanamientos en el marco de la misma causa. Los mismos –según Página Judicial – fueron en los domicilios de Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera (imputado en la causa); los padres de Almada; y el de Sergio Cardoso, titular del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. También imputado. Aún no se pudo precisar lo incautado.”

En la audiciencia, los abogados defensores cuestionaron la falta de garantías en el proceso. José Velázquez, representante de Beckman, se mostró “sin expectativas” por el pedido que iba a formular para que liberen a su defendida. Se refirió al permanente “discurso de populismo punitivo en donde la palabra garantía va a pasar a ser mala palabra”. Cuestionó la prisión preventiva y vio en esa medida un prejuzgamiento otorgada a la sociedad.

En todo momento, los defensores refirieron a la falta de información sobre la investigación, lo que les impide tener elementos para hacer sus defensas. “¿Cómo hago para probar la inocencia de Beckman, sino no se sabe lo que dice la Fiscalía?”, se preguntó Velázquez. Humberto Franchi había iniciado esa línea argumental.”

Iván Vernengo, a su turno, apuntó a los elementos por los que se supone fue detenido el contador público Bilbao. En principio por haber borrado material de una computadora al momento del allanamiento el 3 de octubre pasado. Su representante puso en tela de juicio ese argumento al decir que no fueron notificados de la medida y por lo tanto no pudieron ser veedores del acto. También sostuvo que desde el 20 de septiembre, día del primer allanamiento y detención de Beckman, al 3 de octubre Bilbao, si hubiese querido ocultar información tenía el tiempo necesario, sin embargo no lo hizo. Enseguida puso el dedo en la llaga: “Las cámaras (legislativas) se niegan a dar información cuando se las pide el Ministerio Público Fiscal. ¿Quién está entorpeciendo la investigación entonces?”, se preguntó, irónico. Lo cierto es que los legisladores tienen fueros, pero no así los administrativos, por caso el imputado Gustavo Pérez, que hasta el momento en que se reveló el escándalo seguía ocupando el cargo de director general de administración del Senado. Damián Petenatti reforzó ese discurso: “Nuestros defendidos no son funcionarios públicos. Y estamos ante lo que sería la causa más grande por corrupción de nuestra provincia, es una investigación que alcanzaría a un ex gobernador y un vicegobernador. ¿Cómo es posible que haya funcionarios en libertad pudiendo obstruir la investigación?”.

Para los defensores la actitud de la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta, fue de “parcialidad”. La acusaron de haber introducido elementos en su resolución que ni siquiera había tenido en cuenta la Fiscalía. Y cuestionaron que, por el contrario, no tomaron los elementos de la defensa.

Un gigante que apenas se le ve los pies

Ignacio Aramberry y Patricia Yedro defendieron las prisiones preventivas. Repasaron las pruebas que fueron recolectando en los allanamientos. Esto es desde cuadernos con información que se constataba con las tarjetas de débito y planillas en los estudios contables hasta una máquina de contar dinero.

Ante la queja de los defensores, porque entendieron que no era pertinente, los fiscales mostraron en monitores parte de la documentación en la que figuraban los contratos, direcciones y montos de dinero. También hubo un audio en el que un joven le comenta a otro que corra una camioneta del domicilio de Beckman para que no sea requisado.

Aramberry dio detalles de maniobras “sospechosas” y por lo tanto “suficientes” para mantener las prisiones preventivas. Acudió al desalojo de una oficina de Bilbao. Yedro hizo hincapié en una trama de relaciones e “inversiones de edificios” entre Bilbao, Mena y Beckman. Por todos estos argumentos es que vieron desconfiable el arresto domiciliario. Y la fiscal cerró con una frase inquietante: “Estamos ante un gigante al que solo le hemos visto los pies”.

El inicio

De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales Yedro y Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.

El 20 de septiembre a la tarde Beckman, Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estén un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito. Allí se prendió la mecha de un caso que en la Procuración General se trabaja a tiempo completo y todo indica que se trata de un escándalo en el que no se puede determinar su dimensión.

Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de Beckman, donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, Mena. Álvarez quedó en prisión domiciliaria y luego se le levantó esa medida.”

Sin embargo, pese a lo que dice el periodista paranaense, quienes conocen el accionar de las fuerzas de seguridad, dudan que el procedimiento se hubiera dado de la forma en que se relata la forma en que Beckman, Scialocomo y Alvarez, fueron detenidos después de extraer de un cajero automático dinero de varias tarjetas de débito en cuyas cuentas bancarias se encontraban depositadas las transferencias de dinero y que ellos “recaudaban” para otras personas, aunque miserablemente, éstos –que permanecen en el ignoto- “generosamente” les dejaban unos pesos para que prestasen sus nombres.

Todo apunta a que la operación policial para detener al trío ya estaba en marcha cuando fueron detenidos y que no fue el llamado de un oficial que puso en marcha la comisión que los detuvo en pocos minutos.

Los entendidos en la materia creen que la realidad es que hubo un “garganta profunda”, un “buchón” en la jerga del hampa que se habrá enojado con lo poco que ganaba por prestar su nombre y denunció lo que venía sucediendo, ello explica la rapidez de las medidas posteriores, allanamientos dirigidos a estudios contables y secuestro de documentación que, según los fiscales, comprometen de tal manera a los cuatro detenidos que, según ellos, justifican la extensísima prisión preventiva por cuatro meses en contraposición a los postulados constitucionales.

La postura de los fiscales, ya recibió el examen de legalidad de la jueza de garantías Nº 1 de Paraná que aceptó sin más la solicitud de enviar a prisión preventiva a los cuatro detenidos y ante la apelación de los abogados defensores, esta mañana, la jueza del Tribunal superior, Dra. Carolina Castagno, confirmó la prisión preventiva, por lo cual a los defensores ahora les correspondería ir a Casación amparándose en normas federales, principalmente en la Constitución Nacional y en las dificultades para defender a sus pupilos en el marco de una reticencia de información y la –dicen- violación del debido proceso legal a no escuchar los puntos que expusieron a favor de sus defendidos que no fueron tomados en cuenta al momento de resolver la prisión preventiva.

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