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Siguen investigando la mafia legislativa que mediante latrocinio se hizo de 1.230 millones de pesos en 10 años

Levantado el secreto de sumario en la causa del CONTRAGATE y conocidas las primeras imputaciones por parte del Ministerio Público Fiscal, este jueves se llevó adelante la primera medida que alcanza a la dirigencia política y fue de menor intensidad a lo que se esperaba, habida cuenta que la jueza de garantías a cargo de la causa, Marina Electra Barbagelata, que dictó antes la prisión preventiva por nada menos que cuatro meses para los imputados –ex “empleados” del Senador “Pemo” Guastavino- que eran los “recaudadores” del dinero que se obtenía de los contratos “truchos” por medio de los cuales la asociación ilícitada hasta ahora –MAFIA S.A-  sustrajeron –según los fiscales- en los diez años que viene funcionando la nada despreciable suma de 1.235.000.000.- de pesos. Once son los diputados convocados por los fiscales, un funcionario: el prosecretario de la Cámara de Diputados y un diputado nacional, Juan José Bahilo, alineado a la Alianza gobernante CAMBIEMOS a nivel nacional ya que votó junto con la diputada Mayda Cresto el presupuesto 2019 que pedía el FMI.

Se supo ayer, a través de la investigación periodística de Federico Malvasio, que se convocó a los siguientes diputados provinciales justicialistas: Gustavo Osuna, Leticia Angerosa, Diego Lara, Daniel Ruberto, Marcelo Bisogni, Emilce Pross, Ángel Vázquez, Juan Carlos Darrichón, Pedro Báez, Juan Navarro (presidente del bloque), Sergio Urribarri (presidente del cuerpo); el prosecretario de la cámara Sergio Cornejo; y al diputado nacional Juan José Bahillo a que presenten abogados. No es en carácter de imputados aclararon, sino para controlar la producción de la prueba. ¿Qué es esto? La posibilidad del derecho a defensa y acceso a la prueba que hay colectada en el expediente del CONTRAGATE y la que se produzca de ahora en adelante.

La Legislatura –compuesta por ambas cámaras- estuvo varios días expectante esperando la resolución de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. En la imputación finalmente no aparecieron mencionados los nombres del vicegobernador y presidente del Senado Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el de Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. Algunos, como en el caso de los presidentes de los cuerpos, presentaron escritos poniéndose a disposición. Lo hicieron a través de los abogados Raúl Barrandeguy y Julio Federik.

Quienes sí están formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como contratadas a varias de las personas que integraban la asociación ilícita. También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del Seguro y un ex Secretario de la Cámara de Diputados. Los dos senadores nacionales, salieron a aclarar que “no tienen nada que ver” con el episodio en el que se los imputa y se pusieron a disposición de los fiscales por lo que pronto serían indagados, si como dicen, se ponen a disposición.

EL CONTRAGATE:

El Ministerio Pública Fiscal investiga irregularidades que en forma del delito de LATROCINIO habrían ocurrido entre 2008 y 2018 mediante una organización mafiosa que hoy denominan “asociación ilícita” por el número de integrantes que mediante contratos “truchos” en la Legislatura, a través de prestanombres, le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de nada menos que 1.235 millones de pesos, dinero que no se sabe –aún- donde ha ido a parar, aunque se habla ya de inversiones en campos, rodados de alta gama, etc.

Imagen: Ayer, Juan José Bahilo, en la Camara de Diputados acompañando a Cambiemos, en el voto para aprobar el presupuesto del FMI, ahora debe presentar abogado en la causa CONTRAGATE.

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