Diario EL SOL Matutino Independiente (Concordia - Entre Ríos) "Un sello de calidad en la comunicación informativa"

El CONTRAGATE de la Legislatura supera los 1.200 millones de pesos según la investigación fiscal

Los fiscales que intervienen en el contragate -las contrataciones truchas en la Legislatura entrerriana- determinaron prima facie que se habría generado un perjuicio al Estado provincial que calcularon en nada menos que los 1.235 millones de pesos, convirtiéndose en el hecho criminal más espectacular de todos los tiempos, tanto en su dimensión económica como en la personalidad de los personajes que terminan imputados como formando parte de una ASOCIACION ILICITA conformada para robar fondos públicos de la Provincia que representan en la Cámara Alta nacional, en donde quien aparece como nombrando a los “cobradores” de los contratos truchos, el Senador Nacional “Pemo” Guastavino, es nada menos que el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Un escándalo del que no se salva nadie de los “honorables” y que si se sigue investigando aparecerá, seguramente, que la corrupción está tan extendida que abarca a los representantes de distintos partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, por eso la expresión lunfarda de “Aracana la cana” (tiene el doble significado de policía y de cárcel) con el que comenzamos esta nota es la advertencia que se lanza habitualmente en el ámbito del hampa para avisar: “rajemos”.

Dos de los imputados son senadores nacionales, se trata de Pedro Guillermo Guastavino (64) de Gualeguaychú, vicepresidente del Bloque del PJ en la Cámara Alta y quien preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y Sigrid Kunaht (49), de Crespo, abogada y notaria, quien es Apodera Legal del PJ de Entre Ríos e integrante de la Junta Electoral desde 2005 y además es Congresal provincial y nacional del PJ en cuyo carácter participa de las reuniones de gabinete del Poder Ejecutivo de Entre Ríos. Los titulares de ambas cámaras, en tanto, presentaron abogado defensor o deberán hacerlo en los próximos días.

Los fiscales establecieron que prima-facie los contratos truchos de la Legislatura ha significado la sustracción de 1.235 millones de pesos y que la asociación ilícita viene funcionando de manera ininterrumpida desde enero de 2008 en la Cámara de Senadores y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados.

La dirigencia política entrerriana está en estado de shock y la imputación que hicieron los fiscales a cargo de la investigación de la causa criminal más importante de la historia entrerriana –en cuanto al monto del latrocinio y la personalidad de los integrantes de la asociación ilícita- les trae más preocupación. No aparecen mencionados los nombres del vicegobernador Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. Sin embargo, todos serán convocados a que presenten abogado defensor y algunos, de hecho, ya lo hicieron, dado que la justicia investiga irregularidades que habría ocurrido entre 2008 y 2018, según escriben en página judicial, los periodistas Federico Malvasio y Juan Cruz Varela de la redacción de página judicial.

Los formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita. 

Este miércoles se levantó el secreto de sumario de la causa que tomó estado público a partir de los allanamientos en dos estudios contables, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia, y que puso bajo la lupa a los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la provincia.

Los prestanombres

El infame mecanismo para sustraer los fondos públicos era realizar contrataciones de personas que no hacían ninguna prestación y percibían una ínfima parte de lo acordado, mientras que el resto (la “parte del león”) quedaba en manos de la organización criminal que gestionaba esos contratos.

De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.

Este sistema, creen los fiscales, habría comenzado a funcionar en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un número aproximado de cien contratos, que en ese momento eran por sumas de alrededor de 4.500 pesos; y en la Cámara de Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011, con contratos por sumas de unos 5.000 pesos. Así, entre ambas cámaras, se llegaron a firmar unos 350 contratos de obra, hasta que se descubrió el mecanismo, el 20 de septiembre pasado.

Esa tarde, Flavia Marcela Beckman, su hija María Victoria Álvarez y la pareja de ésta, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, fueron interceptados por la Policía cuando se retiraban del cajero automático de la sucursal del Banco de Entre Ríos SA (Bersa) ubicado en calle Alsina, portando una mochila repleta de dinero. Lo que llamó la atención del agente que estaba de guardia fue que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo extracciones de dinero con varias tarjetas de débito aunque no se lo diga en la investigación conocida ayer se entiende que hay un “garganta profunda” que alcanzó datos de la trastada que hacía esta asociación ilícita de traje y corbata, seguramente, uno de los “beneficiarios” de recibir unas monedas para permitirles a los delincuentes embolsar millones de pesos que deberían tener otro destino, al servicio de la gente.

Al inicio de la investigación, la Policía allanó el domicilio de Beckman, donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, el productor agropecuario de Villaguay, también contratado por Guastavino, Hugo Rubén Mena.

A partir de ahí comenzó a desentrañarse un complejo sistema montado para robarse los fondos públicos. Dicen los fiscales que los contratos eran firmados, en general, sin que los contratados conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en la casa de Beckman y Mena o en una tómbola que ellos regenteaban.

A su vez, tampoco los funcionarios conocían a quiénes estaban contratando.

La evolución del sistema

El pago a esos contratados se hacía a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. Ellos tenían el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, de generar la apertura de las cuentas sueldo para los contratados.

Una vez que se libraban los cheques, esas personas debían concurrir a una tómbola o hasta una playa de estacionamiento donde se los repartían para su cobro y luego entregarles el dinero a Beckman, Mena y sus allegados para que ellos, a su vez, les pagaran alrededor 200 pesos por cada cheque a los “cobradores”.

A partir de 2017 el sistema se bancarizó y, por ende, a algunos de los contratados se les habilitó una cuenta sueldo y la correspondiente tarjeta de débito, que administraban Beckman, Mena y otros integrantes de la asociación ilícita.

Los de más arriba

El dinero que recaudaban Beckman, Mena y sus allegados les era entregado, según los fiscales, a Pérez, Cardoso, Roberto Ariel Faure, Alejandro Almada y Alfredo Bilbao. Este último, además, recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, pagos de impuestos y comisiones; y entregaba esa recaudación, o un porcentaje, a funcionarios del Senado –se dijo que sería un contador de Concordia y en diputado a una persona también de nuestra ciudad.

El contador público Bilbao, además, repartía el dinero producido con Pérez y Jorge De Breuil, empleado de planta permanente del Senado provincial y también contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por el imputado Senador “Pemo” Guastavino. Los fiscales creen que los tres habrían utilizado parte de ese dinero en inversiones inmobiliarias y agropecuarias de las que ahora se está investigando dónde pusieron las importantes sumas de dinero que acumularon mediante este esquema corrupto.

Pérez es el empleado del Senado luego que se revelaran los allanamientos en dos estudios contables y fue echado por el vicegobernador Bahl. Los fiscales entienden que esos estudios contables mantienen una relación directa con la Cámara Alta.

En el esquema de la asociación ilícita había gestiones que realizaban dos estudios contables de Paraná, para darle una apariencia legal mediante una situación impositiva de aportantes a los organismos de control de los falsos contratados.

Uno esos estudios, denominado “Integral Asesoría”, estaría integrado por Pedro Opromolla, Gustavo Falco y Guido Krapp. Ahí se realizaba el pago de los impuestos de los falsos contratados a través de una terminal de “Entre Ríos Servicios” que funcionaba en el mismo estudio. También estaban contratados y son investigados el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla y los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, que integran el staff de Integral Asesoría.

El otro estudio involucrado en la maniobra es el de Roberto Ariel Faure, que realizaba las mismas gestiones de pago de monotributo de los falsos contratados. En su caso, sus honorarios serían abonados mediante un contrato con la Cámara de Senadores de la Nación, donde también aparece contratado Mansilla, a través de contratos firmados por Guastavino, quien representa Entre Ríos en el Congreso de la Nación y preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación.

En el marco de la investigación, hace dos semanas los fiscales solicitaron a la Legislatura que les remita todos los contratos de los últimos diez años. La Cámara de Diputados rechazó el plano el requerimiento aludiendo a que la medida era “desproporcionada” y que no se fundamentaban “las razones para justificar la requisitoria (de modo) que permitan evaluar la razonabilidad de lo solicitado”. El Senado, en cambio, tomó los mismos argumentos para también pedir precisiones, pero anunció que se pondría a disposición de la Justicia.

Dejar un comentario