Diario EL SOL Matutino Independiente (Concordia - Entre Ríos) "Un sello de calidad en la comunicación informativa"

El acuerdo con el FMI, la política energética del gobierno de Macri y Vaca Muerta

La conferencia de prensa de Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, con la bandera argentina detrás de la titular del FMI, expresa mucho más que la pérdida de soberanía política y económica. A cambio de extender su permanencia en la Casa Rosada, el gobierno de Mauricio Macri entregó a cambio la riqueza hidrocarburífera. Existen tres ejes para entender esa liquidación.

Desde el Observatorio Oetec advertimos, a mediados del mes pasado, que durante su visita a Houston, Estados Unidos, el secretario de Energía, Javier Iguacel, sirvió Vaca Muerta en bandeja a los petroleros estadounidenses. Pero no cualquier Vaca Muerta, sino una adaptada a los objetivos del FMI para la Argentina.

La flexibilización laboral y la domesticación de los sindicatos locales, la libre disponibilidad de divisas y giro de utilidades, los objetivos netamente exportadores, los subsidios estatales a la producción (sobreprecios al gas) concentrados en actores privados, los beneficios fiscales y la privatización/desnacionalización de las nuevas concesiones. Todas estas medidas forman parte del paquete de una Vaca Muerta fondomonetarizada.

Iguacel fue claro al respecto. Él mismo destacó el ascenso de nuevos actores privados locales y extranjeros, en detrimento de YPF. ¿Qué significa esto? Que la empresa estatal nacional (ídem para la provincial neuquina) no es condición para adjudicarse concesiones, arrancar con pilotos ni operar. YPF ya cumplió su rol de poner en valor y recuperar Vaca Muerta de la desidia de Repsol. Lo hizo entre 2012 y 2015. Ahora es tiempo de aprovechar esos frutos por parte de los actores privados nacionales y anglo-estadounidenses.

El FMI aprobó la entrega de esta Vaca Muerta a su imagen y semejanza: se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. El plan es la apertura de las concesiones a actores multinacionales de Estados Unidos y de Europa, el reaseguro para esas firmas de ganancias extraordinarias, exportaciones sin restricciones, libre disponibilidad de utilidades, una demanda interna que no exige la mínima reinversión y el desplazamiento de YPF en la estratégica región.

Resignación de soberanía en el offshore. Fue en Houston también que Iguacel adelantó a la industria petrolera estadounidense la convocatoria a concurso público internacional para el offshore argentino. El decreto 872, publicado en el Boletín Oficial el 2 de octubre pasado, instruye a la Secretaría de Energía a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración en el offshore. En el artículo 3° se lee: “Autorízase la inclusión, en los permisos de exploración que se otorguen en el marco del Concurso Público y en las concesiones de explotación que obtengan los titulares de dichos permisos, de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)”.

Se trata de 38 áreas a ser licitadas bajo el Decreto 872, por un total de 200.841 km2, es decir, el equivalente a un 65 por ciento de la superficie de la provincia de Buenos Aires o casi 1000 veces la superficie de la Capital Federal. Comparando con Vaca Muerta, equivale a una extensión cinco veces y media mayor. Una de las tres cuencas incluidas en el Concurso, la denominada Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional.

Abrir a licitación pública internacional, con la salvaguarda de ceder la jurisdicción a favor de tribunales internacionales el territorio “concursado”, representa una gravísima pérdida de soberanía nacional. Más aún cuando el “Estado sede” de una eventual disputa podría ser el propio Reino Unido. El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo el Mar Argentino porque el gobierno necesitan con urgencia dólares para financiar su blindaje. Esto lo aportarán las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción.

Exportaciones de gas a Chile. Hasta el momento, el gas será comercializado por cuatro productoras a un precio inferior al que millones de usuarios argentinos lo pagan vía tarifa. Entre todas recaudarán cerca de 300 millones de dólares, ingresos que podrán girar al extranjero y distribuir en dividendos sin control. Del otro lado de la cordillera, una planta de capitales canadienses (Methanex) volverá a pleno funcionamiento, convertirá el gas argentino en metanol y ganará cientos de millones de dólares con su venta a Asia, Norteamérica y Europa.

De este fabuloso negocio, la población argentina, obligada a consumir cada vez menos gas, padeciendo tarifas cada vez más caras e impagables, no verá un solo centavo. Desde la asunción de Macri que se viene fabricando el excedente para facilitar el negociado de exportación. Como en los noventa –más precisamente 1995, a través de los acuerdos gasíferos Menem/Frei–, se reedita la estafa exportadora a Chile. La producción de gas natural vuelve a sobrar en un país desmantelado, con cada vez menos industrias y pequeñas y medianas empresas y con la mayoría de la población padeciendo el ajuste y tarifazos.

PROPUESTA

Las normativas e iniciativas oficiales en materia de gas y petróleo surgidas con el acuerdo con el FMI no están desligadas del proceso de deuda odiosa, ilegítima e insostenible durante el gobierno de Macri. En todos los casos, apuntan a la necesidad de generar dólares frescos, promoviendo la explotación irracional y la exportación de recursos nacionales con el exclusivo propósito de atraer dólares para el financiamiento del blindaje macrista, para luego permitirles fugarse vía giro de utilidades.

En consecuencia, es urgente que la oposición rechace la profundización del saqueo del patrimonio nacional. Y cuando se dice “rechazo” no está limitado a la mera formalidad de comunicar la grave afrenta a la seguridad energética que esas normativas e iniciativas significan, sino al compromiso de fuerzas políticas de su derogación/anulación a partir de diciembre de 2019, así como también la cancelación de todos los contratos suscriptos en materia de exportación, exploración y explotación de petróleo y gas, incluyendo su plataforma continental (offshore). Vale enumerar en detalle cuatro propuestas en relación a lo hasta aquí descripto:

Las exportaciones de gas (ídem petróleo y combustibles) violan la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (26.741), ya que son incompatibles con el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero y la industrialización de estos recursos estratégicos no renovables. Asimismo, las exportaciones violan el artículo 1º de la referida ley en cuanto a que de ninguna manera pueden garantizar “el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. Los contratos de exportación de gas natural, a partir de diciembre de 2019, serán dados de baja por lesionar gravemente la seguridad jurídica, la seguridad energética y la seguridad económica de Argentina. Los objetivos de incremento de la producción no pueden desligarse de metas de desarrollo del mercado interno, de creación de empleo, de autosuficiencia económica, de la modernización y progresiva competitividad del aparato productivo e industrial nacional.

Los contratos suscriptos en Vaca Muerta en el gobierno de Macri violan la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (26.741), ya que no se sustentan en el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero ni en su industrialización ni mucho menos en los objetivos citados en el artículo 1º de la referida norma (ver punto anterior). La desnacionalización de Vaca Muerta (desplazamiento y debilitamiento de YPF) viola la seguridad jurídica popular, la seguridad energética y la seguridad económica de Argentina. Su reversión deberá efectivizarse mediante la incorporación compulsiva de YPF SA en todas las concesiones de exploración y explotación con un mínimo del 51 por ciento de participación.

Los contratos surgidos de licitaciones públicas internacionales para la exploración (permisos) y explotación (concesiones) de hidrocarburos en el onshore como en el offshore que incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales serán declarados nulo por considerarse una afrenta a la seguridad nacional y a la seguridad energética argentinas.

La política energética y tarifaria del gobierno de Macri debe declararse nula dada su naturaleza odiosa, ilegítima e insostenible

* Director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).

Dejar un comentario