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Diputados de la oposición organizan una sesión especial contra la compensación a las empresas de gas

La oposición en el Congreso se unificará nuevamente contra el tarifazo. Los bloques del Frente Renovador, Frente para la Victoria y el bloque Justicialista preparan una sesión especial para rechazar el decreto con el que el Gobierno dio luz verde para que los usuarios paguen en 24 cuotas con intereses unos 10 mil millones de pesos de compensación por la devaluación del peso a las empresas de gas.

La reacción contra el decreto 20/18 firmado por el secretario de Energía, Javier Iguacel, fue inmediata por parte de la oposición que ahora se encuentra negociando cómo avanzar en la derogación, mientras suma críticas entre los aliados de Cambiemos. 

“Es inmoral el cargo extra que deberemos pagar los usuarios de gas se suma al 35 por ciento que ya aumentaron las tarifas la semana pasada y al recorte en los subsidios de la tarifa social”, había advertido el viernes pasado desde el bloque del FpV-PJ al anunciar que avanzarían que el pedido de derogación del decreto de Energía y también solicitarían la interpelación de Iguacel. El nuevo cuadro tarifario publicado hoy en el Boletín Oficial contemplaba subas de un 50 por ciento para más de la mitad de los usuarios. “Que nos explique cuales son los motivos para perjudicar al conjunto de los argentinos”, exigió el titular del bloque del FpV Agustín Rossi el fin de semana, en diálogo con FM La Patriada, y adelantó: “A partir del lunes vamos a buscar el acompañamiento de todos los bloques opositores para rechazar derogar la resolución”.

Esas conversaciones entre los sectores de la oposición que responden al peronismo comenzaron a avanzar este lunes, según publicó la agencia NA, y se concretaría en una sesión especial para pedir la derogación del decreto firmado por Iguacel. “Los que hicieron apología antisubsidio acaban de imponer por resolución una cuota extra a los usuarios de gas para compensar a las empresas por devaluación”, criticó la medida la presidenta del bloque de FR, Graciela Camaño, que en las próximas horas presentará un proyecto de derogación para acompañar al presentado por el FpV. El titular del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, avanzará en el mismo sentido.  

La Resolución 20/18 firmada por Iguacel descarga en los consumidores el pago de la diferencia producida por la suba del dólar en el contrato firmado por las productoras y las distribuidoras. Esa diferencia, según acordaron las empresas y habilitó el Gobierno, será actualizada al 31 de diciembre de 2018 a la tasa activa del Banco Nación y trasladadas a los clientes proporcionalmente, tomando en cuenta los volúmenes que consumieron entre abril y septiembre, y a pagarse en 24 cuotas mensuales a partir de enero próximo.

A pesar del rechazo espontáneo que generó la resolución —que se suma al incremento publicado ayer en el Boletín Oficial—, Iguacel defendió la decisión al sostener que no se trata de “una compensación por la devaluación” y resaltar que la mitad el 70 por ciento de los usuarios pagarán alrededor de 700 pesos la tarifad. “La mitad de lo que pagan por la tarifa del cable”, minimizó. Además, el secretario de Energía aseguró que “la mayoría de la gente que se queja del aumento del gas es militante kirchnerista”.

En mayo pasado, la oposición unificada en el Congreso consiguió sancionar una ley de “emergencia tarifaria”, que retrotraía las tarifas de luz, gas y agua a noviembre de 2017, proponía estabilizar los montos por un año y atar los futuros aumentos al índice de variación salarial en los hogares, mientras que para las pymes, cooperativas y empresas recuperadas lo condicionaba al índice de precios mayoristas. Aquella iniciativa nació vetada. El 1 de junio, seis horas después de que el Senado la sancionara, el presidente Mauricio Macri la vetó.

La ley amaneció vetada. No habían pasado ni seis horas de la sanción de la ley que retrotraía las tarifas a noviembre del año pasado y las ataba al aumento promedio de los salarios cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, entró a la sala de periodistas de la Casa Rosada a anunciar que ya estaba vetada 1 de junio. Entre los argumentos esgrimidos entonces, el Gobierno señaló que ponía “un manto de inseguridad jurídica sobre las inversiones”.

En aquel momento, el bloque de Cambiemos votó en contra de la iniciativa opositora y la calificó de “demagógica”. Sin embargo, tras este nuevo tarifazo, algunos aliados como el gobernador jujeño, Gerardo Morales, comenzaron a despegarse de la decisión de la Casa Rosada. Morales dijo estar “sorprendido” por el nuevo aumento del gas y aseguró que en la coalición Cambiemos habían acordado que no habría nuevas subas. “Sobre el tema tarifas habíamos hablado otras cosa. Yo recién me entero de esto”, enfatizó el gobernador jujeño e insistió: “No comparto este tema porque ya las boletas, las facturas han venido muy elevadas”.

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