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Fuerte escándalo por los aportes fraudulentos a la campaña electoral del partido oficialista

Una investigación del periodista Juan Amorín develó que el partido de gobierno robó datos personales y falsificó información sobre el dinero aportado para las elecciones de 2017.

A mediados de junio el medio de comunicación El Destape hizo pública una investigación que revelaba la falsificación de donaciones de dinero a la campaña electoral del PRO (principal partido de la alianza Cambiemos que gobierna en Argentina) en las elecciones legislativas de 2017. Según la información revelada por el periodista Juan Amorín, cientos de personas beneficiarias de planes sociales figuraban como aportantes a la campaña electoral de esa organización en la provincia de Buenos Aires pero no sabían nada al respecto.

De hecho, con el correr de las semanas fueron apareciendo cada vez más casos que denunciaban no haber puesto dinero de su bolsillo pero estaban en el listado presentado por el PRO a la Justicia Electoral. Incluso dirigentes sindicales afines al Gobierno como Ramón Ayala, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), quien se enteró en una entrevista radial que también figuraba como aportante.

De acuerdo con los últimos datos ya son mil personas las que se encuentran en esta situación y en su mayoría forman parte de los programas estatales de creación de empleo mediante cooperativas como Argentina Trabaja y Ellas Hacen o están inscriptas en el Monotributo Social. Quienes perciben este tipo de asistencia son los sectores más vulnerables de la población que, además, figuran como afiliados al partido en cuestión.

En el caso del Monotributo Social abarca a personas con ingresos inferiores a los 107.000 pesos (3.800 dólares) al año. Por este motivo resulta llamativo que, según consta en las actas del PRO, hayan decidido destinar entre 350 y 700 pesos –casi el 10% de su ingreso mensual– a la campaña electoral que permitió que Esteban Bullrich y Gladys Gónzalez sean electos senadores por el distrito más importante del país.

 El descubrimiento

“Hubo una persona de una cooperativa que me escribió hace algunos meses diciéndome que se encontró en una lista de Cambiemos”, contó a este medio el propio Amorín, dando detalles de cómo inició su investigación. Fue entonces que descubrió que no estaba en la boleta electoral sino que en realidad figuraba aportando a la campaña. “Cuando le digo esto me contó que, así como figuraba ella, había otras cuatro personas de su propia cooperativa. Y ahí me empiezo a dar cuenta que no era una casualidad sino que había un patrón”, agregó el periodista.

Accediendo a información parcial del Ministerio de Desarrollo Social dio en una primera búsqueda con 205 casos de falsos aportantes que también eran beneficiarios de planes sociales. Una semana después, con la base de datos completa, la lista llegó a 500 y se fue ampliando por denuncias de personas que se fueron encontrando en las planillas presentadas por el PRO a la Justicia Electoral.

Hasta el domingo el lavado de dinero documentado por el periodista mediante esta metodología ascendía a 1.825.000 pesos (66.600 dólares). “Llevamos más de mil casos encontrados, en su mayoría personas pobres que reciben planes sociales y figuran financiando la campaña de Cambiemos”, enfatizó Amorín.

Desde su punto de vista uno de los “datos curiosos y que también generan alegría” es el hecho de que “se utilizó a esta gente para que no se diera cuenta, porque no tienen las herramientas tecnológicas o el tiempo para revisar y curiosamente quien logró descubrirlo fue una de esas personas a las que el Gobierno subestimó”.

 Un entramado político que llega a las altas esferas

En uno de los artículos escritos por Amorín, en este caso junto a Ari Lijalad, enumeraron a los principales responsables políticos de esta operación. A la cabeza aparece la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y titular del partido político a nivel provincial, María Eugenia Vidal.

La gobernadora “está metida de lleno en esto porque ella es la presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires”, subrayó el periodista. Según comprobó la Justicia a partir de lo que fue publicado por El Destape y “está certificado por la Cámara Nacional Electoral”, el 99% de los aportantes falsos “están afiliados al partido que preside la gobernadora”. “Es decir que la gobernadora facilitó los datos para que puedan distribuir el dinero a lavar”, explicó Amorín.

Además, aparecen implicados Maria Fernanda Inza, tesorera del partido en territorio bonaerense y secretaria Legal y Técnica de la provincia; al apoderado partidario Patricio Gregorio Blanco Ilari, que fue el segundo de Inza en la Secretaría hasta el 11 de diciembre de 2017, cuando Vidal lo nombró asesor general de Gobierno; Pablo Clusellas, exdirectivo del holding de la familia Macri que ahora ocupa la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; y Matías Burgos, jefe de Gabinete de Clusellas.

Según Amorín, el mapa lo completa Gabriel Maximiliano Sahonero, un “puntero” (dirigente territorial con manejos poco transparentes) del PRO y actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires, como “primer responsable económico” de esta operación.

En un artículo de la periodista de RT Julia Dominzain, publicado años atrás en Revista Anfibia, Sahonero definía a Vidal como su “punta de lanza”. Cuando esta era vicejefa de Gobierno de la capital del país el actual legislador era el encargado de su despacho.

“También está metida en el medio la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien es a su vez la esposa del jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai”, agregó Amorín.

La funcionaria “probablemente deba explicar a la Justicia si le aportó las bases de datos del Ministerio al partido gobernante”, dijo el periodista, y analizó que “es muy sugestivo que casi 850 personas figuren como beneficiarias de planes sociales y con monotributo social aportando siempre cantidades bajas”. Ahí hay “un análisis de los ingresos que tiene cada persona y esos datos los tiene la ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social nacional”.

 Los presuntos delitos

Esta operación que ya está siendo investigada judicialmente implica varios delitos combinados. El periodista detalló que los principales serían lavado de activos, falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos, usurpación y robo de identidad, entre otros.

Además, “de acuerdo a la Ley Electoral le puede llegar a costar incluso el sello partidario a Cambiemos o al PRO por lo menos, además de las penalidades económicas por las distintas infracciones que estamos viendo”.

Una de las denuncias judiciales fue presentada por la senadora provincial Teresa García en el juzgado Federal número 3 de La Plata. Allí además de a Vidal, acusó de estos delitos a los alcaldes de Vicente López, Jorge Macri, y Lanús, Néstor Grindetti, vicepresidentes primero y segundo del PRO respectivamente.

 El “apagón mediático”

Finalmente, al ser consultado por la repercusión que había tenido su investigación en los medios, Amorín describió la situación como “desesperante”. “Algunos diarios le dedicaron algunas páginas pero es muy breve en comparación con el escándalo por la campaña de financiamiento de Cristina Kirchner en 2007”, sostuvo.

No obstante, destacó que existen “colegas de los distintos diarios y portales que sí se hicieron eco de la investigación y la difundieron a través de las redes sociales”, pero no lo han podido replicar en las empresas periodísticas donde trabajan “porque hay una decisión editorial de cubrir a la gobernadora Vidal”.

El periodista recordó que en España, un hecho similar le costó el cargo al presidente Mariano Rajoy. Y añadió que en Argentina “se cubrió más el financiamiento ilícito de Rajoy que el de Vidal y Cambiemos”. “Estamos viviendo un tiempo de apagón mediático muy grande”, concluyó.

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