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Pidieron arrestos de militares por torturas en Malvinas

El fiscal federal Marcelo Rapoport pidió la detención e indagatoria de 26 oficiales y suboficiales por torturas cometidas contra conscriptos durante la Guerra de Malvinas.

El magistrado reafirmó que se trata de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y destacó en sus fundamentos tanto la extensión de la práctica de enterramientos y estaqueamientos de soldados que reaccionaban ante el hambre –derivada a su vez del pésimo planeamiento militar–, como la política de ocultamiento de crímenes por parte de las Fuerzas Armadas, que continuó tras el fin de la dictadura.

El escrito del fiscal, producto de una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, está ahora en manos del juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete.

A 36 años de los hechos y a once años de la denuncia pionera que presentó el entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, el de Rapoport es el primer pedido de detenciones formulado por el Ministerio Público Fiscal por delitos de lesa humanidad en Malvinas.

La acusación se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí se desempeñó el Regimiento de Infantería 5, dependiente de la Brigada de Infantería III y que tenía cinco compañías subordinadas.

El imputado de mayor jerarquía es el general Omar Edgardo Parada, jefe de la brigada. Los jefes del regimiento (coronel Juan Ramón Mabragaña y coronel Norberto Fernández) murieron, en tanto sí están vivos e imputados los otros miembros de la plana mayor: el teniente Santiago Cadelago, el capitán Emilio Terán y el mayor Miguel Angel Garde. El resto de los acusados eran jefes de compañías, jefes de secciones y subalternos.

La misma dictadura que “dirigió el plan de persecución y exterminio contra la población” fue la que “decidió, improvisada y precipitadamente, la recuperación de las islas con enormes déficits de capacitación, equipamiento y logística en materia de víveres, abrigo y armamento”, recordó el fiscal. Una consecuencia necesaria fue “el incremento deliberado y exponencial de los riesgos de privaciones y padecimientos de inclemencias propios de toda guerra librada en un territorio tan inhóspito”, razonó.

“La aplicación generalizada de tormentos a la tropa resultó entonces la represión ilegal con la que las autoridades militares hicieron frente a los actos desesperados con que los conscriptos –verdaderas víctimas de la hambruna– reaccionaron ante tremendas penurias”, destacó Rapoport.

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