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Las cuitas del ministro de Agroindustria que declara en febrero

En el marco de la denuncia de Dolores Etchevehere por vaciamiento de las empresas de la familia para perjudicarla en la herencia familiar, la justicia entrerriana realizó una requisa en propiedades del ministro de Agroindustria y lo citó a indagatoria para el 27 de febrero. Si se negaban a entregar la documentación pedida, hubiera habido un allanamiento. Algunos usuarios de redes sociales preguntan si, como ministro de Agricultura del gobierno de Macri, Luis Miguel Etchevehere no podría obstaculizar la investigación que lleva adelante la justicia entrerriana.

Luis Etchevehere atraviesa un fin de año convulso. A la polémica por el bono de 500 mil pesos que cobró cuando cambió la presidencia de la Sociedad Rural Argentina por el Ministerio de Agroindustria, se suma el avance de la causa que inició su hermana Dolores por vaciamiento, que ayer tuvo un nuevo paso con dos requisas y la citación a indagatoria del ministro para el próximo 27 de febrero.

Alejandro Cánepa, a cargo de la Fiscalía de Coordinación Número 3 de Paraná, fue quien pidió el acceso a los libros societarios de SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos), y Construcciones del Paraná. La causa comenzada por Dolores Etchevehere la enfrentó al resto de su familia: la madre (Leonor Barbero) y tres hermanos varones (Luis, Arturo y Juan Diego), tras la muerte del padre en 2009. Si hubiese habido algún tipo de negativa a dar la documentación pedida, los oficiales de Justicia estaban autorizados a allanar.

El meollo pasa por Las Margaritas SA, una de las empresas familiares, donde Dolores Etchevehere es accionista y, como tal, propició la denuncia. Todo surgió cuando Las Margaritas tomó créditos con el Banco Itaú para sembrar soja, por un valor de 250 mil dólares, a devolver en la misma moneda a una tasa del 8 por ciento anual. La hermana del ex titular de la SRA denunció que el dinero fue desviado a través de la firma SAER, editora de El Diario de Paraná, donde los Etchevehere tenían el 40 por ciento. El capital restante lo aportaba Walter Grenón.

Según contó Dolores Etchevehere a Página/12 en enero pasado, “dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná SA, constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles.

La Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del Paraná era insolvente al momento de adquirirlos. Ahí hubo una maniobra de vaciamiento (SAER) y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente”.

El Banco Central confirmó los movimientos a la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y allí fue cuando se inició una causa por estafas en la justicia ordinaria y luego otra por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria en la justicia federal de Entre Ríos.

“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente”, adujo el fiscal Cánepa en un escrito presentado el jueves a la Justicia, en el que pide que se investigue a la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), creada por Grenón.

Dolores Etchevehere denunció a su propio hermano por estafas, perjudicandola en la herencia familiar.

En rigor, se transfirieron los inmuebles de una empresa a otra del mismo grupo. Ahí es cuando nace Construcciones del Paraná. “Hay correos electrónicos de los involucrados presentados ante la Justicia, en donde ellos dicen que los mutuos eran una pieza clave para evitar a la AFIP. La secuencia fue la siguiente: se tomó el crédito en el Itaú, se creó Construcciones del Paraná SA (una empresa sin movimientos económicos), se emitieron los mutuos, y se realizó el vaciamiento.

Las ayudas económicas se negociaron para evitar que cayeran sospechas sobre Construcciones del Paraná, que como estableció la Procelac, hasta el día de hoy es una empresa insolvente”, aseguró la denunciante hace casi un año. Que el dinero de una sociedad agropecuaria terminara en una mutual del sector farmacéutico fue lo que la llevó a hacer la denuncia.

El avance de la causa por defraudación, que prevé hasta seis años de cárcel, llevó al procedimiento de este viernes, al tiempo que se confirmaban las citaciones para los Etchevehere una vez que termine la feria judicial. El fiscal Cánepa contó a Página/12 que “vamos a analizar los libros societarios y a hacer peritajes con información pedida a la AFIP, el Inaes y la Inspección de Persona Jurídica de Entre Ríos”.

Uno de los puntos a analizar es ver la posible variación en la composición societaria de SAER, con lo cual “variaría la imputación”, según el funcionario. En otras buscan saber quiénes estaban en la sociedad al momento de los hechos que se investigan.

A partir de allí “podría verse si es que hay o no una vinculación con Las Margaritas”, que de momento es un tema aparte respecto de la actuado ayer.

En el medio, Arturo, uno de los Etchevehere denunciados, logró imponerle un bozal legal a su hermana, quien además denunció amenazas por mensajes de texto hacia sus hijos. Por si fuera poco, en un marco de 17 causas abiertas, con intervención judicial y balances sin aprobar, está la sombra del trabajo esclavo sobre el clan del hombre elegido por Mauricio Macri para conducir el ministerio de Agroindustria.

La denunciante avaló la denuncia de los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, que estuvieron 38 años “en condiciones serviles” en un campo de la familia. “Ellos trabajaban en el campo de mi hermano en condiciones de indigencia, sin baños. Ante esta denuncia, Luis los llevó a declarar frente a un escribano y les dio 10 mil pesos a cada uno para que se callen la boca”, contó en su momento.

 

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