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Ordenan la prisión para líderes de movimientos independentistas y se dispara la tensión Cataluña-Madrid

La jueza española Carmen Lamela envió a prisión sin fianza a los líderes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por el delito de sedición vinculado al referéndum secesionista de este mes en Cataluña.

Una jueza de la Audiencia Nacional de España decretó ayer el ingreso a prisión sin fianza para los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, investigados por sedición en relación con las protestas que tuvieron lugar en Barcelona ante un operativo contra el referéndum de secesión del 1 de octubre.

La magistrada Carmen Lamela, quien tomó la decisión a pedido de la Fiscalía tras interrogar a los dos activistas por segunda vez en calidad de investigados por un delito de sedición, penado con entre ocho y 15 años de cárcel, asegura que en las convocatorias realizadas por ambas entidades no se hizo un llamado a la manifestación pacífica.

Por el contrario, el objetivo era la “protección” de los gobernantes catalanes que estaban a cargo de la logística del referéndum ilegal, mediante “movilizaciones ciudadanas masivas”, según la resolución judicial.

Además, sostuvo que las movilizaciones “se enmarcan dentro de una compleja estrategia” con la que Cuixart y Sánchez “vienen colaborando hace tiempo” en la ejecución “de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.

La Fiscalía había pedido para ambos prisión incondicional, la misma medida que solicitó por los mismos hechos para el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Sin embargo, la magistrada dejó a estos últimos en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.

Sànchez, de 53 años, y Cuixart, de 42, son las primeras personas que entran en prisión en el marco del proceso independentista catalán, que en las últimas semanas propició una crisis sin precedentes con Madrid por el polémico referéndum del 1 de octubre y la inconclusa declaración de independencia que hizo el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, quien suspendió instantes después sus efectos.

Uno de los primeros en reaccionar hoy a la decisión de la jueza fue el propio Puigdemont, quien la tildó de “mala noticia”. “Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad”, escribió en Twitter. “Desgraciadamente, tenemos presos políticos otra vez”, añadió posteriormente en un mensaje en inglés. Otros políticos como el número dos del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, o la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, criticaron la medida, que fue considerada “desproporcionada” incluso por el líder de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta.

Los hechos por los que se investiga a los líderes secesionistas tuvieron lugar los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil española registraban la sede del área de Economía del Ejecutivo catalán en el marco de un gran operativo policial contra el referéndum soberanista, que había sido prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional español.

Esa misma noche, tras la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con la organización de la consulta, grupos de personas se concentraron a las puertas de la Consejería del “Govern” catalán e impidieron así salir a los guardias civiles que se encontraban en su interior, además de destrozar algunos de sus vehículos. Sànchez y Cuixart son sospechosos de instigar las protestas, mientras que a Trapero y a Laplana se les investiga por una posible pasividad de la Policía catalana, los Mossos d’Esquadra, ante los hechos. Todos ellos están imputados por presunta sedición, un delito penado con hasta diez años de prisión.

En mensajes grabados y difundidos a través de las redes sociales, Sànchez y Cuixart pidieron serenidad y confianza ante la “represión del Estado”, así como una movilización permanente. ANC y Òmnium convocaron a manifestarse hoy, aunque ayer hubo ya concentraciones en varios puntos de Cataluña, como Barcelona y Girona, para pedir la libertad de los encarcelados, que fueron enviados a la prisión de Soto del Real en la región de Madrid.

Imagen: Sànchez y Cuixart fueron a declarar y quedaron detenidos preventivamente por el delito de “sedición”