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Miercoles 28 de Junio del 2017 - 00:44

Los ribereños sostienen que en las autoridades no hay vocación política para dar soluciones

Hay resistencia de parte del Estado para contemplar nuestra situación dijeron los ribereños afectados.

Los ribereños siguen esperando, pero las soluciones de fondo no aparecen. No es nuevo el problema de los ribereños. El 31 de enero de 2.001 se creó la Asociación Ribereños del Ríos Uruguay (ARRU). Antes, en 1975, el Padre Emilio Abecia presidía la Comisión Defensa Afectados por la Represa de Salto Grande en Entre Ríos y una comisión de similares características nacía en suelo correntino y era presidida por Adelino Tisocco.

Cuando comenzó a funcionar la represa de Salto Grande y se produjeron las primeras inundaciones, nació la Comisión Nacional de Ribereños que fue presidida por Víctor Smitarello. Exponemos esto para indicar que la lucha de los ribereños nace con la represa misma. Desde entonces aguardan que las cosas se pongan en su lugar, o sea, se abone en tiempo y forma los daños ocasionados por la suba del lago y, a la par, sancionar una ley de servidumbre consensuada.

Hace algunos días se pagó a una veintena de ribereños. No es solución, La problemática continúa y hay deudas que aún no se abonaron y provienen desde el origen. Así lo plantearon Bautista Pedro Dal Molín, presidente de la ARRU, y el asesor letrado de la institución, Dr. Héctor Pedro Veller.

“Este remanido tema de vieja data -porque nació con la puesta en funcionamiento de embalse de Salto Grande- sigue acarreando problemas a los que ya estamos habituados, aunque hay que admitir que se producen en forma más recurrente, porque el comportamiento de las crecida se ha hecho prácticamente anual cuando históricamente, antes de la formación del embalse, se producía cada diez años”, dijo Veller.

“Nos encontramos con una situación a la que no podemos encontrarle una solución para la gente de la ribera. Y no podemos porque nos encontramos con la resistencia, la actitud morosa del Estado o la falta de vocación de resolver la problemática. En este sentido pagaron ahora algunas carpetas, pero eso no es solución porque habrá mil que vamos a recibir la semana próxima o cuando tengamos nuevamente agua, y hay que sumar las que vienen esperando desde hace muchos años”, agregó el letrado.

“Nos encontramos con que los problemas se produjeron en 2002, en 2009, en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Esto significa que hay un esquema que habrá que modificar de algún modo, y desde la ARRU estamos intentando hacerlo y además convencer a las actuales autoridades que hay que caminar por otros caminos que sean más convenientes”, indicó el abogado.ay re

Por otra parte y en referencia a los pagos que se realizan, Veller dijo que más allá de los años que transcurren desde el momento de tasación hasta el de cobro, solamente se actualizan valores pero no se pagan intereses, aunque la inundación y los daños daten de 2009 y el pago se efectivice en 2017.

Hace pocos días y tal se publicara en este Semanario, la ARRU envió una nota a la Secretaría de Energía y a la CTM. “Proponemos que para simplificar las cosas, y cansados de que sigan pidiéndonos documentación que ya fue entregada varias veces y tienen en sus manos (la Nación), se pague a los ribereños de a uno, inclusive la servidumbre si es que se aprueba. De esta manera se iría dando solución, aunque sea de a uno”, dijo Dal Molín.

“Más allá de esto que investiguen todo lo que crean conveniente, no nos preocupa eso, aunque el gasto de las presentaciones es cada vez mayor, hay que viajar, dejar tiempo en eso, desatender nuestras cosas. Además muchas veces, si no se tiene alguna persona con alguna influencia, no se puede conseguir los documentos que nos exigen. O sea que hay un montón de trabas”, agregó Dal Molín. Claro que si solucionan de a uno los problemas, la solución final y para todos sería poco menos que eterna.

“No encontramos vocación política de dar una solución definitiva a esto, y nos pasamos golpeando puertas para que agreguen 10 carpetas, para que nos atiendan, para cumplir con lo que nos piden, y se olvidan que están haciendo uso de la propiedad privada, por lo que el Estado debe resolver definitivamente esta situación. Tienen que tomar decisiones políticas tendientes a resolver los problemas y además lograr una ley de servidumbre. Hay un decreto que no es aceptado plenamente por los ribereños, pero es algo. Aunque tendría que haber una ley definitiva y consensuada”, insistió Veller.

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