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“Uno de nuestros grandes errores fue proteger a los curas abusadores”

“La Iglesia no debe proteger al cura abusador, ese fue uno de nuestros grandes errores. Lo peor que nos pasó como institución es que perdimos la sensibilidad por tutelar el buen nombre o la reputación de la Iglesia”, reconoció monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco y presidente de la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Buenanueva habló en la Casa de Retiros “El Cenáculo” de Pilar, donde explicó cuál es el curso que siguen las denuncias de abuso en la justicia eclesiástica.

“Cuando hay una denuncia de abuso sexual de menores o adultos vulnerables por parte de clérigos, diáconos o sacerdotes -porque si los acusados son obispos los juzga directamente la Santa Sede-, los obispos tenemos la obligación de hacer una investigación previa para establecer su verosimilitud. En la justicia penal esos delitos son de instancia privada, por lo que la víctima, su familia o abogados son quienes pueden denunciar”, señaló.

Y continuó: “Al obispo sólo le cabe esa investigación preliminar, que establece si la denuncia es verosímil. En ese caso, el obispo normalmente toma una medida cautelar que consiste en apartar al sacerdote del oficio mientras se hace la investigación, de manera prudencial. Una vez finalizada, si se prueba la verosimilitud, termina nuestro rol y enviamos todo a Roma para que el Papa se lo encargue a la Congregación de la Fe, que se ocupa de esos casos”.

“La sanción a este delito en la justicia canónica es indeterminada, no sucede como en la justicia penal, que prevé cárcel y otras penas. Eso dio lugar a muchos debates internos de la Iglesia, porque no todos están de acuerdo”, reconoció.

Consultado sobre la máxima sanción que puede recibir un miembro de la Iglesia al que se le prueba un abuso, Buenanueva señaló que “lo peor que puede pasar es que el Papa lo expulse del estado clerical, lo que implica que deja de ejercer el ministerio”.

“Sé que lo que voy a decir es polémico, pero si el culpable es un sacerdote muy grande, de más de 80 años, la Iglesia no suele aplicar la sanción más grave. Sabe que tiene que imponer una sanción pero no lo puede ‘soltar’, porque esa persona puede seguir haciendo mucho daño, así que por lo general se lo envía a un hogar o convento a dedicarse a la oración y penitencia”, dijo.

Buenanueva apuntó además que “no se sabe cuántas son las víctimas de abuso ni la cantidad de abusadores que hay en el país”, y descartó la posibilidad de que se conforme una comisión que centralice y monitoree las denuncias, que hasta ahora resuelve cada obispo o superior de manera discrecional, ya que ellos son quienes determinan sí es verosímil o no.

“Hay distintos niveles de responsabilidad cuando se habla de religiosos, sacerdotes diocesanos (que dependen de obispos), u otros miembros de la Iglesia. Esos distintos niveles y esa fragmentación y discrecionalidad conspiran contra la tolerancia cero, la transparencia y otras premisas del papa Francisco, que siguió la línea que instaló Benedicto XVI”, retomó.

Monseñor Buenanueva comentó que después de que estallara el caso Próvolo (un instituto mendocino que asistía a chicos sordos e hipoacúsicos y donde se investigan varios casos de abuso) en diciembre de 2016 se resolvió que “todo sacerdote que llegue a una diócesis debe presentar un aval o certificado de buena conducta”.

“Es una medida que se tomó “post factum” (después de los hechos), pero es porque vamos aprendiendo de nuestros errores. Por el momento sólo se trata de una sugerencia, pero estamos estudiando hacerla obligatoria y creo que esa resolución va a salir pronto porque la estamos trabajando fuerte”, adelantó.

Buenanueva contó además que están abordando el tema de la prevención “que tiene que ver cómo las instituciones, comunidades, parroquias y catequistas protegen a las víctimas e identifican a los posibles victimarios. En eso tienen un rol muy importante los seminarios, con los que estamos trabajando mucho”.

“Nuestra propuesta es crear, como tienen otros países y también la Santa Sede, un Consejo Nacional, dependiente de la CEA, que trabaje en la prevención y ayude a obispos y diócesis a encarar el tema. Estaría a cargo de un obispo y conformado por laicos y sacerdotes, mujeres y varones especialistas en abuso”, abundó.

Y continuó: “Hay que revisar las normas canónicas, los criterios utilizados y lo más difícil, que es la mentalidad humana. Nos dimos cuenta del tremendo daño que significa para un niño o adolescente que está construyendo su identidad sexual que un adulto lo violente justamente en ese aspecto. Como Iglesia dejamos de ver ese daño y ése es el golpe más duro que recibimos, no tanto la pérdida de prestigio o el pago de indemnizaciones, sino el daño humano sobre las víctimas”.

“La guerra de la iglesia católica contra los abusos está en curso. Tenemos algunas batallas ganadas y muchas perdidas. Espero que todo esto resulte en una superación del problema, pero la transformación de la mentalidad no es tan fácil, y mucho menos en una institución como la Iglesia”, concluyó.

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